Las violaciones y las humillaciones sexistas están presentes en los testimonios de las mujeres vascas castigadas por fuerzas policiales y militares, desde la Guerra Civil a la llamada lucha contra el terrorismo.
JUNE FERNÁNDEZ
“Un demonio lujurioso y ofensivo”. Así definió a Leandro Echevarría, capellán de la Prisión Central de Mujeres de Amorebieta, una de las reclusas, Teopista Bárcena. La historiadora Ascensión Badiola Ariztimuño incluye esas palabras en su libro Individuas peligrosas, en el que documenta los horrores de esta cárcel franquista por la que pasaron entre 1939 y 1947 mujeres de todo el Estado español consideradas “altamente peligrosas” por el régimen.
Ese comentario al vuelo sobre el capellán es el único detalle del libro que remite a la violencia sexual. El Instituto Gogora del Gobierno vasco no maneja mucha más información específica sobre el tema: facilitan a La Sinsorga dos únicos testimonios. El primero es el de Anttoni Telleria, una guipuzcoana que contó su historia en 2003, cuatro años antes de su muerte. El 24 de abril de 1937, cuando Anttoni tenía 14 años, las tropas nacionales sublevadas entraron en Elgeta, llegaron a su caserío ayudadas por gente del pueblo e intentaron violarla. Cuando su padre y su madre salieron a protegerla, los mataron a sangre fría: a él a tiros y a ella a culetazos en la cabeza. Entonces, violaron a la niña. Telleria lo cuenta a la cámara, en euskera, con pocas palabras y mucha entereza: “¿Por qué fue? Por la violación. Violar o no violar. Como vieron que no podían hacer nada por las buenas, lo hicieron por las malas. Y luego hicieron todo y punto. Las muertes, las violaciones y todo”.
Anttoni grabó ese vídeo en 2003 y murió cuatro años después, mucho antes de que entrase en vigor la Ley de Memoria Democrática de 2022. “La ley ha permitido mediante una disposición adicional que las mujeres que sufrieron violencia sexual en la guerra civil, la dictadura y la transición puedan testificar en una comisión de la verdad. Pero las que aún viven son ya ancianas”, lamenta Gema Varona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología.
La Ley de Memoria Democrática insta a incorporar la perspectiva de género en la elaboración de materiales de sensibilización y formación sobre la guerra civil y la dictadura franquista. Un fruto de esa prioridad es la publicación Las rapadas, editada en 2023 por el Ministerio de Presidencia y Memoria democrática, escrita por cinco investigadoras feministas de referencia: María Rosón, Ana Pol, Maite Garbayo-Maeztu, Rocío Lanchares Bardají y Lucas Platero.
Leemos en su introducción que el rapado de pelo es una práctica de humillación simbólica que forma parte de las llamadas “violencias sexuadas” y que se acompañaba de otras como “el paseo y exhibición de sus cuerpos” por las calles, combinado con la ingesta forzada de aceite de ricino para que defecasen en público y, en ocasiones, con violaciones en grupo y/o con objetos, palizas y golpes. El rapado no fue una ocurrencia franquista, sino que se repite a nivel internacional como castigo que busca arrebatar a las mujeres “enemigas” su feminidad y su dignidad.
Tanto la violencia sexual como el castigo de rapar a las mujeres han sido armas de guerra recurrentes en la historia universal, reitera Varona. En Las Rapadas leemos que esos castigos se dieron de forma desestructurada: “Fueron linchamientos sociales que tenían que ver con rencillas previas”, comparte la investigadora, quien recuerda que las violaciones fueron instigadas por generales como Queipo de Llano.
En una lógica patriarcal en la que la violación no era un delito contra la libertad de las mujeres sino contra el honor de “sus” hombres, las agresiones sexuales se cometían a menudo bajo una lógica vicaria, según explica Emagin en el prólogo del libro Sorginak, putak, terroristak de Olatz Dañobeitia: “Para las distintas fuerzas policiales del Estado español ha sido un modus operandi habitual durante la búsqueda de un hombre militante coger a su madre, esposa, hija, hermana o tía, y violarla, amenazarla, doblegarla al chantaje, torturarla y encarcelarla”. El caso que citan como paradigmático de esta violencia vicaria es el de la adolescente navarra Maravillas Lamberto, torturada sexualmente delante de su padre (un campesino sindicalista) y asesinada junto a él en 1936.
Olatz Dañobeitia toma de las expresas políticas chilenas el concepto de violencia político-sexual para identificar “una forma específica de violencia de género utilizada de manera sistemática para disciplinar, reprimir y disuadir a las mujeres del activismo y la militancia política”. El segundo vídeo de los que facilita Gogora incluye el testimonio de Amaia Aseginolaza, una eibarresa condenada a seis meses de prisión por el Tribunal de Orden Público -una instancia judicial franquista que se encargó entre 1963 y 1977 de juzgar delitos políticos-. La acusaban de estar involucrada en ETA. En el vídeo cuenta que le dieron golpes en la espalda y tirones del pelo, pero que no fue ese maltrato lo que más la marcó, sino una humillación sexista: “Yo era una chica joven, y estando con la regla y de repente tuve mucha sangre… y eso para una jovencita pues… y veía que tenían cierto placer con eso”.
“Marxista. Cerda. Te vamos a violar”
En enero de 1980, en la llamada Transición democrática, miembros del Grupo Armado Español maltrataron, violaron y asesinaron a Ana Tere Barrueta Álvarez, una joven de 17 años que estudiaba y enseñaba euskera, cuando volvía a su casa en Loiu (Bizkaia). Aunque la familia contrató a un detective y se creó una comisión popular investigadora, no hubo manera de avanzar por la falta de colaboración policial y judicial. Ana Ereño, una feminista integrante de la comisión, publicó un artículo de denuncia en la prensa que fue respondido con una pintada en la pared de su casa: “Marxista. Cerda. Te vamos a violar. FN (Fuerza Nueva)”.
Ese mismo año, otro grupo de fascistas violó y asesinó a Mª José Bravo, una joven de 16 años, después de dejar malherido a su novio, Javier Rueda, al que golpearon brutalmente y tiraron por un barranco (murió ocho años después a consecuencia de esas lesiones). El cuerpo de Mª José apareció al día siguiente con la cabeza destrozada y desnuda de cintura para abajo. El Batallón Vasco Español (BVE) reivindicó el crimen diciendo que era un castigo por ser confidente de ETA, amenazó con matar a otras dos chicas vascas y, tiempo después, remitió a Rueda el siguiente mensaje: “La próxima vez, un tiro en la cabeza (…) Lo que le ha ocurrido a María José pasará a todas las mujeres vascas”.
La investigación ‘Violencia de motivación política contra las mujeres en el caso vasco’, publicada por la asociación pro derechos humanos Argituz en 2016, documentó esos dos casos de violencia sexual con resultado de muerte, además de otras nueve violaciones consumadas y seis intentos de violación entre 1977 y 1980 a mujeres muy jóvenes, a manos de hombres armados que las identificaron, cachearon e interrogaron sobre política antes de agredirlas. Al terror sexual que sembraron esas acciones de grupos parapoliciales y de extrema derecha se sumó la impunidad: sus crímenes no fueron investigados ni juzgados por las instituciones españolas, y las manifestaciones de repulsa fueron reprimidas violentamente. El Estado español recurrió en 2015 la Ley Navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos y en 2017 hizo otro tanto con la ley análoga en la CAV.
Reclamar verdad, justicia y reparación resulta más difícil todavía cuando el victimario es directamente el Estado. Dañobeitia sostiene que hablar de tortura en el Reino de España “es una forma de señalar una de las continuidades entre el régimen franquista y el actual”. Es anatema, entre otras cosas, porque cuestiona “el mito fundante de la democracia española, basado en el olvido y la reconciliación”. La verdad oficial de que la tortura en democracia era un invento de ETA o, si acaso, los excesos de cuatro policías inadaptados, fue refutada por el informe realizado por encargo del Gobierno Vasco que certificó a través de la aplicación del protocolo de Estambul 4113 casos de tortura en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1960 y 2014. El 70% de los casos documentados son del período democrático en el 17% las víctimas son mujeres.
Hablar de torturas sexistas ha supuesto para estas mujeres superar la vergüenza, la culpa y la preocupación hacia el sufrimiento de su entorno. Y, sin embargo, han hablado, respaldadas por iniciativas como el acto ‘Nik sinisten dizut. Reconocer la verdad de las mujeres’, que organizó en 2017 el grupo feminista del Foro Social Permanente (iniciativa formada por 17 sindicatos y organizaciones vascas para promover el proceso de paz) en respuesta a la absolución por parte de la Audiencia Provincial de Bizkaia de los cuatro guardias civiles a los que Sandra Barrenetxea atribuyó delitos de torturas, agresión sexual y lesiones.
Ese mismo año, el Parlamento navarro celebró un acto institucional en el que cinco mujeres relataron las torturas que habían sufrido, cada una en una década distinta. Marilo Gorostiaga destacó la fijación de una mujer de la Guardia Civil por llamarle fea y gorda, y hablar de ella como “la puta del comando”. A Mertxe González Portillo la violaron con un palo, la obligaron a quitarse el tampón y metérselo en la boca. A Ainara Gorostiaga la mantuvieron desnuda con un antifaz durante los tres primeros días y uno de sus torturadores le repitió que “o iba a tener un hijo de Guardia Civil o que no iba a poder tenerlo nunca”.
Los testimonios de torturas sexistas de las abogadas Naia Zurriarain y Saioa Agirre abrieron telediarios en 2021. Juzgadas dentro del sumario 13/13, negaron toda vinculación con ETA y afirmaron que fueron obligadas bajo amenazas, tortura y vejaciones sexuales a memorizar y reproducir declaraciones inculpatorias falsas. El juez instructor de ese sumario, que ignoró esas denuncias de tortura, fue Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior del Gobierno español en el momento del juicio. Los episodios de tortura que narraron en el juicio incluyen la asfixia con bolsa acompañada de manoseos y de frases como “Nos pone cachondos que te resistas” u “olvídate de ser madre”.
España ha sido condenada catorce veces -por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas- por no investigar denuncias por tortura en régimen de incomunicación a personas acusadas de pertenencia a ETA o alguna otra organización ilegalizada. Ninguna sentencia española ha castigado la violencia sexual en el contexto de la tortura, según denuncia Dañobeitia en su libro.
Otros terrores, otros sujetos
La tortura ha sido un dispositivo de género, sostiene la investigadora en Putak, sorginak, terroristak. Su propuesta es cruzar dos universos abordados hasta ahora de forma independiente: la tortura política y las violencias machistas. El terror sexual se ha usado como instrumento de control y disciplinamiento de las mujeres también en el ámbito de la represión policial, no sólo para intentar romper y deshumanizar a las detenidas sino para mandar un mensaje disciplinatorio al resto de mujeres sobre el castigo que recibirán si desafían las normas patriarcales. Aunque las humillaciones y abusos sexuales estén más documentados en mujeres, distintos informes tanto vascos como internacionales señalan que los torturadores también emplean la violencia sexual con los hombres, precisamente para minar su masculinidad.
Mikel Soto, superviviente de tortura, planteó en una mesa redonda que a los hombres les cuesta más identificar como tortura sexual o sexista lo que les han hecho. Los torturadores usaron con él insultos como “maricón”, “cobarde” o “nenaza”, y recibió amenazas como “vamos a meter a un negro para que viole a tu novia y luego te dé por culo”.
En la dirección contraria, los testimonios de mujeres supervivientes de tortura sexual a menudo destacan que los episodios más traumáticos no fueron los de violencia sexual, sino otros como las simulaciones de ejecución a punta de pistola o la culpa por haber terminado inculpando a otras personas.
Tal vez entonces las escasas alusiones a la violencia sexual en los testimonios de las reclusas de la Prisión de Amorebieta de Badiola no sólo se debían al tabú sino a que la experiencia carcelaria estuviera más marcada por la miseria, hambre, frío y hacinamiento. A la historiadora Ascensión Badiola le consterna especialmente el desgarro que supuso para las presas “ver morir a sus hijos o sufrir su separación forzosa” y que esas niñas y niños son “los grandes desconocidos de nuestra historia reciente”, que no figuran ni en los registros penales, ni en los partes oficiales. Se refiere a los bebés robados, pero también a muertes de bebés marcadas por la violencia espiritual de las monjas. Recoge el testimonio de una cigarrera y sindicalista madrileña, comisaria política del PCE en el batallón Comuna de Madrid, a la que no dejaron despedirse de su niña, que murió por meningitis en esa prisión: “Toda la noche llamando a las monjas, pero no hubo nada que hacer; no se presentaron (…). Cuando llegaron por la mañana, ya estaba muerta. (…) Como yo era de las que no comulgaban, no dejaron que me despidiese de la niña en la capilla, porque son religiosas, pero malas como ellas solas”.
En los seis años que funcionó el penal de Saturraran en Ondarroa, murieron 116 reclusas y 56 niñas y niños, tanto por malos tratos como por inanición y enfermedades como el tifus o la tuberculosis. En la investigación sobre las mujeres presas en Saturraran que publicaron Emakunde y el Instituto Vasco de Criminología en 2009 se insinúa que algunas monjas acosaban y abusaban sexualmente de las presas, pero “las que relatan estos sucesos se cuidan mucho de decir que a ellas no les ocurrió nada”. De nuevo, en esta publicación se insiste en que lo que más les marcó fue el frío: cuando subía la marea, las celdas se inundaban hasta que el agua les llegaba por la cintura.
Gema Varona destaca el trabajo que está haciendo el Instituto Gogora para investigar las condiciones de reclusión que vivieron las personas LGTBI condenadas por la ley de vagos y maleantes y la posterior ley de peligrosidad social. Y, sin embargo, en un contexto actual de paz y democracia (al menos según el discurso oficial), la criminóloga llama a indagar también en las violencias sexuadas que sufren en dependencias policiales y en prisiones las mujeres migradas y las trabajadoras sexuales (en su mayoría racializadas). “Amnistía Internacional ha detectado esa sobrerrepresentación de las minorías étnicas y las trabajadoras sexuales en torturas, especialmente por parte de policías municipales, porque estos cuerpos están peor formados y menos controlados. Son víctimas ideales porque no denuncian. Es una cuestión de oportunidad, de discriminación estructural e ideológica”, alerta.
Si bien la actualización de la ley vasca de igualdad en 2022 incluyó, al igual que la navarra, la violencia obstétrica, la digital, la institucional y la tortura como formas de violencia contra las mujeres amparadas jurídicamente, la advertencia de esta investigadora da cuenta de qué mujeres seguirán fuera de foco mientras no se aplique con perspectiva antirracista.
