El Gobierno español y la Conferencia Episcopal firmaron en enero de 2026 un esperado acuerdo por el que la Iglesia asume la reparación a las víctimas de abusos sexuales en la infancia a manos de religiosos. Analizamos este hito con Alfonso Ruiz de Arcaute, superviviente, y con Gema Varona, investigadora especializada en victimología.
JUNE FERNÁNDEZ
La Conferencia Episcopal española ha asumido, después de años de negociaciones, una de las principales demandas de las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la infancia en el ámbito eclesiástico: pagar la totalidad de las reparaciones económicas, junto con otras medidas simbólicas, restaurativas o espirituales.
El acuerdo firmado con el Gobierno español en enero de 2026 establece la siguiente hoja de ruta: la unidad especial del Defensor del Pueblo propondrá a la Iglesia medidas individualizadas después de analizar el expediente de cada denunciante que solicite una reparación ante el Ministerio de Justicia. En caso de desacuerdo, se derivará el caso a una comisión mixta en la que participan las asociaciones de víctimas y, si ahí tampoco hay consenso, prevalecerá el criterio de la Defensoría del Pueblo.
El discurso de la Conferencia Episcopal de que los pederastas representan unas pocas manzanas podridas dentro de la Iglesia ha caído por su propio peso ante informes como el que el propio Defensor del Pueblo presentó en 2023. Cifró en 445.000 el número de personas que habían sufrido abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia y en 236.500 los religiosos comisores de estos delitos.
El poder que el régimen franquista otorgó a la Iglesia es una de las razones estructurales que explican que la mayoría de estas denuncias en el Reino de España se concentren entre los años cincuenta y setenta. Sin embargo, se trata de un fenómeno de macrovictimización globalizado cuyo factor denominador común es que las jerarquías eclesiásticas locales y el propio Vaticano han ocultado y negado las denuncias hasta que les han explotado en las manos.
En Euskal Herria, a la denuncia en 2012 de un exalumno del colegio Gaztelueta contra el profesor numerario del Opus Dei José María Martínez Sanz por abusos sexuales cometidos entre 2008 y 2011, le siguió un reguero incesante de casos. Hasta el punto de que cinco años después, tres periodistas -Alberto Barandiaran Amillano, Iñigo Astiz y Miren Rubio- recopilaron en el libro Ez duzu abusatuko. Pederastia kasuak Euskal Herriko elizan más de 50 entrevistas que recorren colegios de toda la geografía vasca.
En 2023, el periódico Berria documentó 177 víctimas y 90 agresores en Euskal Herria, en un especial de periodismo de datos elaborado a partir de los casos mediáticos y de información proporcionada por las diócesis. La mayoría son de Navarra (cuyo gobierno autonómico había puesto en marcha el año anterior una comisión pionera para reconocer a las víctimas de estos abusos), seguida de Bizkaia y Gipuzkoa, pero también hay casos en Lapurdi y Álava. Aunque Zuberoa no aparece en ese listado, en 2023 se destaparon las graves agresiones sexuales cometidas en el colegio católico fronterizo Lestelle-Betharram de Biarno: la revista Argia publicó que había personas vascas entre las denunciantes y las denunciadas.
Gema Varona es investigadora del Instituto Vasco de Criminología e integrante de la Comisión Asesora sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos del Defensor del Pueblo. Uno de los elementos que reivindica es el papel del periodismo en la ruptura del silencio: “Empezaron los periódicos locales y periodistas freelance a destapar casos jugándose mucho. Gracias a ellos, muchas víctimas te dicen: ‘Al menos tengo una verdad periodística’”.
La impunidad ha sido la norma en este tipo de violencia. De los 90 casos documentados por Berria en 2023, sólo tres habían llegado a los juzgados y ninguno de los sentenciados (condenados a pagar multas o a menos de años de prisión) ha entrado en la cárcel. Uno de los motivos es que hasta el año 2021 estos delitos prescribían 10 años después de que la persona denunciante hubiera cumplido la mayoría de edad; un plazo nimio teniendo en cuenta que, según las asociaciones de víctimas, muchas han necesitado hasta 50 años para entender y digerir lo que vivieron en la infancia. La nueva ley orgánica de protección a la infancia ha establecido en los 35 años, en vez de en los 18, el momento en el que empieza la cuenta atrás para denunciar antes de que los delitos prescriban.
En cuanto al derecho canónico, tenemos casos como el de Juan Kruz Mendizabal ‘Kakux’, un cura que abusó sexualmente de al menos dos niños en los años 2001 y 2005 en un grupo de tiempo libre. El Obispado de Donostia le puso una sanción leve de tres años por “tocamientos deshonestos” y, cumplida la condena, en 2023 lo nombró cura ayudante de la iglesia de Beasain. El País publicó en diciembre de 2025 la denuncia de Pablo Merino al cura Jacinto Lázaro por haber abusado de él en el colegio Irabia de Iruñea cuando tenía entre 13 y 15 años. El Opus Dei ha reconocido los hechos y ha pedido perdón por haber ocultado el caso en 1998.
Las diócesis vascas han puesto en marcha en los últimos años con distintos nombres sus propias comisiones y oficinas para atender a víctimas de abusos sexuales en la infancia y canalizar las denuncias. Sin embargo, Varona se pregunta cómo se están aplicando “esos famosos protocolos que quedan tan bien en el papel”: “¿A quién se nombra como delegado del menor y cómo se va a enfrentar a un religioso que es un superior? ¿Los canales de denuncia son efectivos? ¿Qué reacciones se dan? ¿Qué costo tiene para las víctimas reabrir esas puertas y denunciar a conocidos?”.
Abordar la homofobia y la represión sexual
Alfonso Ruiz de Arcaute sufrió abusos sexuales continuados en la adolescencia por el fraile Antonio González en la parroquia de Santa María de los Ángeles de Vitoria-Gasteiz. También sufrió acoso sexual por parte de Jesús Gallego, encargado de realizarle pruebas psicológicas para su entrada en el noviciado, y por Fernando Vela, uno de sus docentes de filosofía en la comunidad San Gregorio de Valladolid. Estos dos últimos compartían patrón: lo invitaban a cervezas de noche (Gallego lo llevó a un bar gay), y en ese contexto empezaban a tocarlo y besarlo.
Cuando en 2009 logró verbalizar estos abusos al párroco de Santa María de los Ángeles, su respuesta fue: “Deja de decir tonterías”. Por su parte, el provincial de los dominicos se negó a darle información sobre los protocolos para casos de agresión sexual a menores de edad. Su siguiente paso, en 2010, fue realizar una denuncia canónica contra Antonio González. El obispo de Vitoria-Gasteiz no solo desatendió su petición, sino que se negó a ordenar a Alfonso como sacerdote: bajo el argumento oficial de que había difamado a la Iglesia con sus denuncias subyacía el rechazo a su expresión de la homosexualidad.
En 2022, con mediación de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Diócesis, los dominicos se comprometieron a asumir los costes de la asistencia psicológica a Alfonso sin límite temporal, a asesoramiento socio-laboral y acompañamiento espiritual. Pero esos compromisos se han quedado en “un escrito que no se ha concretado en nada”, a pesar de que en 2025 la orden lo reconoció por email como víctima también de los frailes Jesús y Fernando, según explicó Alfonso en su cuenta de Facebook.
Además de la denuncia canónica y la mediática, Alfonso también interpuso una denuncia civil para que conste a efectos estadísticos y aportó su caso al informe del Defensor del Pueblo de la mano de la Asociación Nacional de Infancia Robada. “Para encontrar una solución a cualquier problema es fundamental un buen estudio de la realidad, y la Iglesia no lo iba a hacer motu propio”, explica a La Sinsorga.
Para Alfonso, que sigue siendo católico practicante, es doloroso reconocer que dentro de su Iglesia no ha encontrado más que muros: “He salido de cada reunión cabreado, alterado, deprimido, mientras que cada vez que teníamos una reunión telemática con los técnicos de del Defensor del Pueblo salía con una paz impresionante, con una sensación de cercanía, de comprensión y delicadeza”. Con esos precedentes, aunque celebra el acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Estado, le cuesta creer que la jerarquía eclesiástica vaya a cumplir su parte y agrega que ha firmado por “la presión del Vaticano”.
La web de la Comisión de Protección de Menores y Personas vulnerables de la diócesis de Pamplona y Tudela está presidida por una foto y una cita del papa Benedicto XVI, el primero que lidió con la patata caliente de la pederastia en la Iglesia. En la cita, Joseph Ratzinger se muestra volcado en “establecer la verdad de lo sucedido en el pasado, dar todos los pasos necesarios para evitar que se repita en el futuro, garantizar que se respeten plenamente los principios de justicia y, sobre todo, curar a las víctimas y a todos los afectados por esos crímenes abominables”. Y, sin embargo, las voces críticas le reprocharon sus decisiones tibias, como cuando sancionó al mexicano Marcial Maciel, fundador de Los legionarios de Cristo -orden en la que se documentaron abusos sexuales a 175 personas menores de edad- con un retiro dedicado a la oración y la penitencia que Maciel no acató. El propio Ratzinger murió sin rendir cuentas por los cuatro casos de pederastia que desatendió cuando era arzobispo de Baviera.
Alfonso valora más el papel del Papa Francisco, aunque la cumbre sobre pederastia que organizó en 2019 en el Vaticano también decepcionase por la falta de compromisos concretos con la que culminó. El gasteiztarra interpreta que Jorge Mario Bergoglio se concienció en una visita a Chile en la que le presentaron el caso del sacerdote pederasta Jorge Karadima. Aunque defendió inicialmente la inocencia del obispo Barros, encubridor de Karadima, tras la queja de las propias víctimas “reculó, tomó las riendas y provocó un terremoto del Vaticano”.
Pero volvamos al Estado español. Gema Varona celebra el acuerdo, al tiempo que expresa su inquietud sobre cómo se materializarán las reparaciones: “Si se hacen mal las cosas, se pueden crear jerarquías de víctimas”. Un ejemplo de ello es que las víctimas de abusos sexuales por parte de profesores maristas en Iruñea han denunciado las “vergonzosas” indemnizaciones que han recibido, que no llegan ni a un tercio de las establecidas por otras congregaciones religiosas.
“Hay que partir de que se trata de reparar un daño que es irreparable; un daño personal, pero también social e institucional. Mucha gente no puede trabajar. El dinero es una forma de reparación, pero tiene que ir acompañado de peticiones de disculpas sinceras, tratamientos psicológicos, aclaración de la verdad… Ya que hemos llegado tarde, al menos podemos aprender de lo que se ha hecho en otros países”, añade la investigadora.
Alfonso subraya la importancia de escuchar a las víctimas y responder de forma individualizada a sus necesidades y peticiones específicas. En su caso, reclama un perdón sincero por parte de la Iglesia como institución y por parte de los frailes que intentaron acallar su voz. Pero también demanda ayuda para su inserción laboral, teniendo en cuenta su edad y que los episodios de depresión e intentos de suicido derivados del trauma han lastrado su vida profesional. “El seguro hace una tabla de indemnizaciones, pero la Iglesia debería asumir que las víctimas tienen derecho a una vida digna y procurarla, en función de su situación laboral y económica. Habrá gente que necesite una pensión y gente que necesite un trabajo”, expone Alfonso.
El exfraile defiende también la necesidad de que la Iglesia establezca medidas de no repetición, teniendo en cuenta que casos como el de Gaztelueta y el de Juan Kruz Mendizabal ‘Kakux’ tuvieron lugar en los años dos mil. Aplaude medidas preventivas que han introducido eso protocolos, como que un sacerdote no pueda estar con un niño en un espacio cerrado o que los despachos tengan cristales, pero le parece que lo urgente es abordar la educación sexual: “Si la sexualidad sigue siendo tabú en la Iglesia, se seguirán creando perfiles psicológicos y afectivos muy complejos”.
Alfonso llama a no mezclar pederastia y homosexualidad, sino a entender que los abusos de curas a niños varones tenían que ver con la prevalencia de espacios segregados por sexo, Sin embargo, señala que la homofobia es un elemento que agrava los desequilibrios y los problemas de salud mental dentro del clero: “Yo soy gay, fui abusado, y una de las cosas que me decepcionó mucho del Papa Francisco es que volviera a insistir en la prohibición de actos homosexuales. Las personas homosexuales siguen entrando en los seminarios. ¿Vamos a seguir negándolo?”.
Violaciones y abortos forzados a monjas
Hay más tabúes que romper. A diferencia del resto de abusos sexuales en la infancia, en el ámbito religioso las mujeres son minoría entre las víctimas; el 12% en Euskal Herria según el reportaje de Berria. Aunque este dato se debe en gran medida a que la mayoría de abusadores son hombres y que estos tienen más acceso a los cuerpos de los niños que de las niñas, Ruiz de Arcaute cree que a las mujeres les cuesta más denunciar debido a una mayor estigmatización social (“se las va a juzgar más como putas, aunque también haya curas diciendo que los niños y adolescentes se les insinuaban) y un menor peso dentro de la Iglesia. Además, destaca que los casos de abusos por parte de religiosas a niñas que han trascendido son pocos pero “terroríficos, más en forma de abusos de conciencia disfrazados de cariño y tratos de favor”.
Un ejemplo de ello es el testimonio de Asun y Sagrario publicado por Noticias de Navarra. Sagrario sufrió acoso por parte de una monja del colegio de Ursulinas que decía haberse enamorado de ella y que la obligaba a quedarse a solas después de clase. Una monja enfermera llamada Magdalena de Cristo se metía en la cama de Asun con total impunidad. Afirman que en ese colegio era vox populi que al menos cinco monjas abusaban de las niñas, algunas en público.
Otro de los melones que ha destapado el documental franco-alemán ‘Religiosas, las otras víctimas sexuales de la Iglesia’ es el de las violaciones y abortos forzados por religiosos a monjas de 27 países, en su mayoría de Asia, Latinoamérica y África. Una de las fuentes del documental es Sor Mary Lembo Makamatine, psicóloga clínica de Togo y autora de una tesis doctoral sobre estas vulneraciones de derechos en África Occidental.
Makamatine no es la única religiosa que ha roto el silencio. Verónique Margron, monja dominica integrante de la Confederación de Religiosos francesa (Corref) fue una de las impulsoras de la comisión independiente que, entre otros casos, investigó los abusos sexuales perpetrados por el teólogo Jean Vanier, candidato al Premio Nobel de la Paz por su trabajo internacional con personas con diversidad. En 2020, un año después de la muerte de Vanier, un periódico católico conservador publicó que el religioso había abusado en los años 50 de al menos seis mujeres de su comunidad religiosa en París junto con su padre espiritual dominico, Thomas Phillipe. La orden se quitó de encima a Phillipe enviándolo a Latinoamérica, donde al menos 30 mujeres lo denunciaron por ejercer control, autoridad, violencia e intimidación contra ellas, incluido un aborto forzado.
El patrón de mandar a los curas pederastas europeos a misiones en países empobrecidos es uno de los elementos por los que el abordaje de esta macrovictimización exige de una perspectiva interseccional. “Hay varias estructuras que intervienen: el género, la infancia, la discapacidad, la pobreza… Estamos hablando de violencias cometidas en los años 40, 50 y 60 en pueblos indígenas que entonces estaban muy aislados”, señala Varona. Un ejemplo es el del cura y escritor vasco Manuel Estomba, uno de los abusadores del Seminario de Derio, al que derivaron a Venezuela y Ecuador. En 2019, EH Bildu solicitó al ayuntamiento de Irun que cambiase el nombre del parque de la localidad bautizado en su honor; ahora se llama Parque del Rincón Alegre.
La investigadora remite a un caso especialmente escalofriante y paradigmático, el documentado por el periodista Julio Núñez primero en el diario El País y después en el libro Padre Pica: Cartografía de un abusador en la iglesia, publicado en 2025. El padre Pica era Alfonso Pedrajas, un jesuita español que abusó de más de 80 niños en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba (Bolivia), un internado para niños de familias empobrecidas. Lo que hace único a este caso es que el propio Pedrajas escribió un diario a ordenador (su sobrino lo encontró y entregó a El País después de su muerte), escrito entre 1960 y 2008, en el que admite sus delitos, relata cómo sus superiores los encubrieron y expresa sus emociones de vergüenza por lo que califica de “pecados”, “meteduras de pata” o “enfermedad”.
Todo el horror destapado con cada caso puede servir, al menos, para romper con la impunidad de los abusos sexuales a la infancia en otros ámbitos. Varona elogia el trabajo que se ha hecho en este sentido en Australia, donde las comisiones de investigación en el ámbito religioso abonaron el terreno para estudiar lo ocurrido en contextos organizacionales como los clubes deportivos y de tiempo libre. “Aunque en el ámbito religioso hay un trauma específico por traición de la confianza espiritual, hay similitudes en cuanto a los procesos de silenciamiento y al rol del agresor como persona muy querida con autoridad”, concluye.
